¿Dónde morir: en la frontera o en las calles?

Esta insólita pregunta refiere a las cuestiones centrales de paz y seguridad. Nadie en América Latina piensa morir defendiendo la soberanía, pero millones temen ser heridos o muertos en las calles. Las mayorías latinoamericanas consideran la inseguridad como principal problema, incluso por encima de la pobreza.

Vivimos una situación regional de no guerra pero con enorme inseguridad para las personas y no poca para los Estados. La paz como ausencia de conflicto externo fue la preocupación principal de los gobiernos de América Latina y el Caribe que, por otra parte, descuidaron la seguridad de las personas, cuando no atentaron contra ellas desde actuaciones autoritarias. El mundo se ha globalizado, desterritorializando los temas de seguridad y produciendo mayor imprevisibilidad y peligrosidad, con inéditas interconexiones delictivas. Nuestros Estados priorizaron la seguridad externa, consintiendo gastos militares no necesariamente adecuados para una región que tuvo pocas guerras y no admite que se produzcan otras. A ello contribuye la cuasi generalizada participación de los militares en política y los espacios de poder que aún mantienen.

La región todavía arrastra serios problemas de pobreza, desigualdad y variadas formas de exclusión, corrupción, falta de salud, educación, infraestructura, justicia y, obviamente, seguridad; producto en buena parte de la ineficacia y el desorden de gobiernos y Estados. Las conductas antisociales y la delincuencia han aumentado, estimuladas por la globalización que, como apuntan los estudiosos, tiene un lado oscuro; y también por la generalización del uso de drogas, el crecimiento de grupos delictivos y la pérdida de valores cívicos. La seguridad hoy es “multidimensional”.

La inseguridad física personal, producto de la violencia familiar, urbana, política, delictiva y en casos terrorista, aumenta diariamente. La región exhibe los mayores índices de homicidios, las ciudades más violentas, agresiones a mujeres y niños, sicariato, maras, pandillas, tráfico de personas, drogas y armas; lavado de dinero, migraciones desordenadas, fanatismos étnicos, ideológicos y deportivos, secuestros, extorsiones, falsificación, protestas violentas con pérdidas de vidas y destrucción de propiedades públicas y privadas; y hasta pandemias y afectación del medio ambiente. Recordemos que Perú recuperó el puesto de primer productor mundial de cocaína.

Esta situación, a pesar de su horrible impacto humano, social y económico, no es aún cabalmente admitida ni recibe la indispensable prioridad política, académica y social. En épocas recientes se popularizó el concepto de “nuevas amenazas”, que no da cuenta cabal de la situación porque varias no son nuevas ni se pueden enfrentar solamente recurriendo a la fuerza armada o la policía.

Entender la problemática regional de seguridad exige reconocer que sus Estados y partidos políticos son poco representativos, débiles e ineficientes, los sectores más directamente concernidos con la seguridad de las personas: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Fiscalía actúan sin concertación adecuada, subsisten formas de autoritarismo, los políticos siguen sin admitir su responsabilidad frente a la función principal del Estado; y también que nuestras sociedades son muy tolerantes con la corrupción y bastante pasivas frente al delito, evitando denuncias y favoreciendo la impunidad.

Sin atención adecuada a las complejidades de la problemática de seguridad ni a los nuevos enfoques necesarios para entenderla, sin diagnósticos adecuados ni políticas claras, priorizadas y viables, las respuestas siguen siendo puntuales e ineficaces. Comprar más armas y equipos, incrementar sueldos de militares y policías y aumentar las penas son, con excesiva frecuencia, los únicos planteamientos políticos que se formulan.

Otra enorme carencia es la falta de cooperación de los Estados. Gobiernos aferrados a sus legislaciones, instituciones y procedimientos, no reconocen que los problemas de seguridad exceden sus capacidades individuales. Empero, sobran conferencias, declaraciones y hasta acuerdos. Contradictoriamente, desde la creación de UNASUR varios de sus países han gastado sumas enormes en armamentos “defensivos”. En la seguridad de las personas, la práctica regional es tan burocrática y escasa que no puede enfrentar la versatilidad, dinámica, capacidad financiera y logística de la delincuencia transnacional organizada, enlazada a las delincuencias locales.

Tres escenarios podrían caracterizar el futuro. El incremento de la tendencia actual que llevaría a la inseguridad generalizada y el colapso de sociedades y Estados. El logro de algunos resultados puntuales, sin abordar la problemática en su conjunto, que impediría el desastre pero no incrementaría sustancialmente la seguridad. Finalmente, no es imposible que esfuerzos internos e internacionales concertados y eficaces incrementen la seguridad de todos. Ello hizo posible, por ejemplo, la erradicación de la viruela y viabiliza la lucha contra otros males globales.

El futuro no está escrito y si se admitiera que el auténtico “interés propio ilustrado” es la más amplia cooperación, un mundo más pacífico y más seguro no sería un sueño. Quien crea que ello es pura ingenuidad, que siga como hasta ahora y que los hijos y nietos del 2062 se las arreglen como puedan.

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