La inversión en infraestructura pública es un importante determinante del crecimiento económico, hecho que ha sido bastante estudiado en la literatura. Los beneficios de la infraestructura pública también generan impactos en el nivel de pobreza y en la distribución de los ingresos. De hecho, la pobreza está asociada, entre otras consideraciones, a la carencia de infraestructura para acceder a los servicios de salud y educación, así como a los mercados de bienes y otros servicios. Es más, utilizando la frase de moda en la economía peruana, el desarrollo de la infraestructura permite una mayor inclusión social, debido a la incorporación al mercado de nuevos agentes y territorios.
A pesar de las significativas inversiones en infraestructura pública que se han ejecutado durante los últimos años, el país todavía enfrenta problemas de infraestructura, incluso en Lima Metropolitana, que pueden imponer límites a las oportunidades de crecimiento.
La magnitud requerida de inversiones en infraestructura pública estimada para el periodo 2012-2062, prácticamente alcanza 200 mil millones de dólares, sin incluir banda ancha. Esta brecha de infraestructura representa aproximadamente 4% del producto bruto interno en el corto plazo (hasta 2014), alrededor de 2.5% en el mediano plazo (hasta el bicentenario de la independencia de la República), y un promedio inferior a 1% en el largo plazo (en el supuesto que el déficit de infraestructura haya tendido a cerrarse en los primeros años).
Como puede apreciarse, los sectores que mayores inversiones requieren son energía eléctrica y caminos pavimentados, lo que coincide con la mayor importancia que le asignan a estas infraestructuras diversos estudios sobre el crecimiento económico.
Para desarrollar la infraestructura pública que permita sostener las tasas de crecimiento proyectadas para los próximos 50 años, el documento desarrolla tres principales líneas de acción: impulsar más agresivamente las Asociaciones Público Privadas (APP), dinamizar la formulación de proyectos y la inclusión en los mismos de los beneficios indirectos, y elaborar un Plan Nacional de Infraestructura que incluya criterios de priorización de proyectos.
En lo que se refiere a las APP, el documento señala los inconvenientes del modelo de obra pública y las ventajas de promover la participación privada. Entre estas últimas destacan la elección del mejor operador para cada infraestructura, la firma de un contrato de largo plazo en el que la empresa asume una serie de compromisos, la mayor efectividad de la regulación económica, y el aseguramiento del mantenimiento de las obras.
Con relación a los proyectos de inversión, se plantea la necesidad de estimular las iniciativas privadas, la terciarización de la elaboración y evaluación de los proyectos que pasen por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), la inclusión de los beneficios indirectos en los proyectos y la actualización de los precios sociales considerados por el SNIP.
Finalmente, con respecto al Plan Nacional de Infraestructura, se plantea que debería incluir, entre otros, los objetivos de corto, mediano y largo plazo, así como las acciones concretas y los proyectos específicos y su respectiva calendarización. Este plan debería ser revisado de manera anual y debería estar abierto a evaluar las iniciativas privadas que se presenten. Entre los criterios de priorización, se sugiere que deberían evaluarse la magnitud de los beneficios del proyecto, el nivel de pobreza de la zona de influencia del proyecto, la cantidad de población involucrada, el requerimiento de cofinanciamiento y garantías estatales, la complementariedad con otros proyectos, el plazo de ejecución de las obras, entre otros.
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